Larrahondo no pudo con el desgreño en el archivo departamental del Cauca

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Expuestos al agua se encontrarían cientos de carpetas en donde reposan documentos de la actividad gubernamental del Cauca, tal como lo recordó una comisión de la Asamblea que de nuevo preguntó por acciones de la gobernación para asegurar esta clase de memorias, esenciales para la buena marcha del ejercicio estatal.

Archivos ‘secuestrados’

El problema emergió en la plenaria en donde la gobernación expuso lo que será el presupuesto para el año entrante, a lo que los diputados, en especial Rosalba Ipia del Movimiento Alternativo indígena y Social, MAIS, interrogó por los resultados de una visita hecha por ella y otros tres  colegas al edifico en donde reposan los archivos, hallando lamentables condiciones de disposición.

“¿Cómo han avanzado las recomendaciones respecto al archivo del departamento?”, interrogó Ipia, agregando que con los diputados Carlos Fernando Medina Ramírez y su colega de partido Jesús Javier Chaves Yondapiz, pudieron acceder al lugar en donde están los archivos del departamento y registrar la manera en la cual se hallan, casi a merced de los elementos pues encontraron goteras y cubos plásticos en pasillos para atajar filtraciones. Incluso una canaleta apoyada sobre los bloques de carpetas, para conducir aguas caídas desde el techo.

“Con estos climas como se están dando, no me quiero imaginar como pueden estar dichos documentos”, agregó la lideresa en alusión al funcionario de la gobernación, Luis Fernando Marulanda, que llegó al recinto para hablar sobre presupuestos para mantenimiento y otros gastos de tipo administrativo en el ente seccional.

De igual forma, este medio pudo enterarse de que el inmueble en donde se arrienda el servicio de alojamiento de los archivos, su propietario, habría decidido impedir el acceso a funcionarios porque al parecer, se le adeuda una suma importante de dinero. Algo sobre lo cual se refirió Marulanda al indicar que el asunto fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, ya que en parecer del ente regional, habría retención arbitraria de documentos oficiales.