Por: Laura Cabanzo
Ser líder social en el Cauca es, hoy en día, un acto de valentía extrema. Defender el territorio, reclamar derechos o exigir cumplimiento de acuerdos se ha convertido en una actividad de alto riesgo. A pesar de los discursos oficiales sobre protección y garantías, los asesinatos y amenazas continúan.
Estos líderes no surgen de la nada. Son personas que conocen de cerca las necesidades de sus comunidades y que deciden alzar la voz cuando el Estado no responde. Su labor es fundamental para la democracia local, pero paradójicamente es una de las más desprotegidas.
El problema va más allá de los esquemas de seguridad. La estigmatización sigue siendo una práctica frecuente. Señalar a un líder como problemático o vincularlo sin pruebas a intereses ilegales lo deja aún más expuesto. Proteger implica también reconocer la legitimidad de su trabajo.
El Cauca ha demostrado que la organización comunitaria es una herramienta poderosa para la transformación social. Sin embargo, cuando liderar implica arriesgar la vida, el mensaje que se envía es devastador: participar puede salir caro.
Es urgente pasar de las condolencias a las acciones efectivas. Investigar, sancionar y prevenir no es opcional. La vida de quienes defienden los derechos colectivos no puede seguir siendo el precio de la indiferencia estatal.
