Por medio de tutelas, la Procuraduría General de la nación busca reafirmar sus competencias para inhabilitar y destituir funcionarios elegidos popularmente, luego de que el Consejo de Estado anulara sus decisiones en los casos del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, el exsenador Eduardo Merlano y el exalcalde de San José del Fragua Duber Trujillo Medina.
Las tres decisiones del Ministerio Público fueron emitidas entre el 2012 y el 2019, pero anuladas por el alto tribunal en decisiones durante el 2023. Según el Consejo de Estado, la Procuraduría no tenía competencia para restringir los derechos políticos de los funcionarios electos por voto popular.
Por ejemplo, en el caso del exsenador Merlano fue destituido en 2012 por presunto tráfico de influencias al haber utilizado su posición para impedir que unos policías inmovilizaran su vehículo. La sanción impuesta tenía una duración de 10 años que le impidieron continuar como congresista.
El Consejo de Estado señaló que la Procuraduría, en ese caso, no tenía competencia para destituirlo al tratarse de un funcionario electo popularmente en ejercicio del cargo. Además, ordenó que se le restituyeran los salarios y honorarios dejados de percibir desde la destitución hasta el 14 de noviembre cuando fue ratificada su pérdida de investidura.
