Aunque la Cámara de Representantes aprobó el texto definitivo de la reforma pensional, el proyecto aún no podrá entrar en vigencia el 1 de julio como había sido anunciado. La Corte Constitucional debe revisar el trámite antes de que se convierta oficialmente en ley.
El pasado 28 de junio, con 97 votos a favor, la Cámara decidió acoger sin cambios el texto previamente aprobado por el Senado. Esta votación respondió al requerimiento de la Corte Constitucional, que había devuelto el proyecto por una irregularidad en su trámite. A pesar del respaldo legislativo, aún queda un paso fundamental: la revisión final del alto tribunal.
Durante la jornada, se descartó abrir el articulado a discusión y se votó en bloque, lo que permitió avanzar rápidamente, aunque sin modificaciones de fondo. Según el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, al adoptarse íntegramente el texto del Senado, no será necesaria una conciliación entre ambas cámaras.
¿Qué falta para que la reforma entre en vigor?
Tras la aprobación, el Congreso debe enviar un informe a la Corte Constitucional detallando cómo fue subsanado el error procesal. Solo si la Corte valida que se corrigió el vicio de trámite, podrá autorizar la promulgación de la ley. Por esta razón, la fecha del 1 de julio para su entrada en vigencia queda descartada.
Además, el alto tribunal tiene pendientes varias demandas que cuestionan el contenido mismo de la reforma. Esto implica que, más allá de verificar el procedimiento, la Corte podría intervenir sobre artículos específicos, lo que podría retrasar o modificar el diseño final del nuevo sistema pensional.
Presión desde el Gobierno
El Gobierno nacional ha hecho énfasis en la urgencia de implementar la reforma, argumentando que su entrada en vigor beneficiaría a miles de adultos mayores que hoy no reciben pensión. El presidente Gustavo Petro ha reiterado el llamado a las fuerzas políticas para priorizar esta transformación del sistema.
Entre los cambios centrales que plantea la iniciativa están la creación de un pilar solidario para adultos mayores sin pensión, la modificación del esquema de cotizaciones y un nuevo reparto de funciones entre Colpensiones y los fondos privados. La meta: ampliar la cobertura y garantizar sostenibilidad al sistema pensional del país.
