La corrupción y la contratación

Ricaute Losada Valderrama

Generalmente el acontecer diario, nacional e internacional, donde este último cada día nos afecta más y en gran medida a todos los seres humanos y, por lo tanto, a los colombianos, en un mundo cada vez más globalizado y, por ende, más interconectado y, en consecuencia, con mayor incidencia, pero impuesta desde afuera, por pertenecer nosotros al tercer mundo.
Este hecho hace que muchas decisiones que debemos tomar, dependan de las que se adoptan en la comunidad internacional, particularmente por las grandes potencias que adoptan decisiones que corresponden a sus particulares intereses, quedando el planeta prácticamente a la deriva en aquellas materias en las cuales hay interés económico de quienes detentan los mayores poderes, como acontece, por ejemplo, con el calentamiento global que puede poner en peligro la propia supervivencia humana.
En todo caso, este fenómeno no da tiempo para muchas reflexiones sobre nuestros males y necesidades: una de ellas tiene que ver con la urgencia de hacer mayor conciencia sobre la inmensa corrupción, anidada no solo en el Estado, sino, en general, en la sociedad colombiana, corrientemente generada, entre otros factores, por la contratación, a través de la cual se cobran, es decir, se roban porcentajes elevados en detrimento del interés general y del patrimonio público, sin que de manera general le pase nada a los corruptos.
Se olvida por los servidores y funcionarios públicos que las finalidades de la contratación pública, se resumen en entender que el contrato es un instrumento utilizado para cumplir las finalidades del Estado Social de Derecho, hacer efectivos los derechos de las personas y prestar los servicios públicos, bajo el entendido de que los contratos no debieran ser una manera de saquear al Estado, es decir, a la sociedad, sino una forma de trabajo en bien de todos y ganando lo justo.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre las finalidades de la contratación estatal y ha desarrollado una jurisprudencia uniforme en torno a la protección del interés general como uno de sus principios axiológicos.
Con fundamento en los artículos 1°, 2° y 209 de la Constitución Política, la Sala Plena de esta Corporación ha indicado que todas las actuaciones estatales –incluida la contratación–, deben obedecer las finalidades del Estado Social de Derecho, en mora de ser aplicadas, pues si así sucediera, pudiéramos evitar no solo la reforma tributaria de ahora, sino muchas en el futuro.